La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) se unió al proyecto del Diario del Juicio, un espacio para relatar las audiencias del juicio que investiga los crímenes cometidos en los ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE) conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.

De la iniciativa participan la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Comisión Provincial por la Memoria, el Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos de Quilmes, el Espacio Municipal de la Memoria y Promoción de Derechos Humanos de Avellaneda y el Sitio para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Agustina Pan, secretaria de Extensión  de Sociales, se refirió al trabajo interuniversitario y afirmó que “es importante articular con las universidades en la tarea de mantener la memoria vigente y generar nuevas formas y herramientas para la formación en derechos humanos de los estudiantes”.

El proyecto, además de dar visibilidad a esta causa que tiene relación directa con los territorios en donde se encuentran las instituciones, tiene una veta pedagógica. Respecto a esto, Pan contó cómo fue el proceso para sumar a los alumnos y alumnas: “Hicimos una convocatoria para estudiantes y realizamos charlas de capacitación sobre derechos humanos para prepararlos”.

A través de El Diario del Juicio se podrá leer las crónicas de cada audiencia, conocer quiénes declaran, los casos que se juzgan y los imputados. Además, se difundirán otros contenidos en los que se contarán particularidades de los casos, vínculos con trabajos de investigación, articulación con casos locales e historias de militancia.

En esta causa unificada se investiga a 18 represores por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y sustracción, retención y ocultamiento de menores. En total son 490 víctimas y serán llamados a declarar 400 testigos.